Estafas a ART: imputan a médicos y abogados por "asociación ilícita".

Cuatro abogados y dos médicos, actualmente detenidos en la cárcel Bouwer, fueron imputados por “asociación ilícita” en el marco de la millonaria estafa a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) con reclamos que presentaban empleados de la Municipalidad de Córdoba.

Los profesionales ya estaban bajo arresto e imputados por estafa procesal continuada pero ahora el fiscal Mariano Antuña, a cargo de la causa, considera que hay elementos para considerar que formaron parte de una organización criminal que comenzó a operar desde 2008 con falsas demandas y utilizando certificados médicos falsificados.

Los abogados Fabián Manrique y Osvaldo Merlini fueron considerados “organizadores”, mientras que los letrados Claudio Horacio Viale y Francisco José Rueda (supuestamente sus contrapartes) y los médicos José Luis Barbero y Mario Ernesto Pacheco sólo “miembros”. Todos están arrestados con prisión preventiva.

Además de estos seis imputados, también está preso el abogado Carlos Dulce Villada, quien no está considerado parte de la banda pero sí está acusado por supuestas estafas reiteradas continuadas.

La organización. La instrucción afirma que la banda había encontrado una forma de “obtener un rédito ilegítimo de las ART (…) aprovechándose de las debilidades del sistema”, sobre todo la falta de revisación en tiempo y forma de los trabajadores bajo cobertura.

En la causa se detallan 143 juicios iniciados por empleados de la Municipalidad de Córdoba que en su mayoría fueron captados en las dependencias oficiales –por ejemplo, por pasantes de los estudios de abogacía involucrados- y que eran convencidos de iniciar los juicios por montos exorbitantes que luego se negociaban a bajo costo, generalmente en 8 mil o 9 mil pesos.

“Esta oferta era aceptada por la A.R.T., pues de esa manera aseguraba el costo del litigio”, opinó el fiscal. El esquema se completaba con las distintas partes presentándose ante un juez para que se homologara el acuerdo, utilizando certificados médicos falsificados, y con el acuerdo de los propios abogados de las ART.

Escuchas y archivos. En la causa figuran como prueba escuchas telefónicas y material informático secuestrado en los estudios, como planillas de cálculos en los que se llevaba la cuenta de los gastos y de los dineros a repartir, e incluso había plantillas para crear los certificados médicos apócrifos.

También hay correos electrónicos reveladores. “Pampi amigo, te cuento que acabamos de llegar a Praga. (…) Me mandó un mail Manrique que dicen que están laburando a pleno. Esperemos acomodar ese barco este año y que nos empiece a dar algún fruto (…) No veo las horas de llegar y empezar a ganar dinero”, escribió por ejemplo el abogado Rueda a Viale, el 3 de enero de 2009.

El fiscal Antuña consideró que los abogados “en apariencia eran contrapartes, todos integraban una empresa común y era tal la comunidad de intereses que no sólo se repartían las ganancias del pingüe negocio armado sino que también compartían los gastos en partes iguales”.