Nace el Comité de Elegibilidad de las Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguros.
Este Comité de Elegibilidad está relacionada con las nuevas normas que anunció ayer la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y por el que las aseguradoras deberán destinar un mínimo de 5% (las de riesgos del trabajo), 10% (las de coberturas patrimoniales) y 12% (las de vida y retiro) a obras públicas o a economías regionales y pymes. La resolución del Ministerio de Economía, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece cómo se integra el Comité de Elegibilidad de las Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguros, que definirá qué instrumentos financieros serán aceptados para que se considere cumplida la obligación.
Según publicó ayer "La Nación", si bien no hubo muchas expresiones directas desde el sector sobre la medida, sí hay quienes la cuestionan porque se desvía del objetivo principal de las reservas, que es ser garantía de pago y también obtener, en casos como el seguro de retiro o de vida con ahorro, la mayor rentabilidad posible. Del Comité también formarán parte el superintendente de Seguros, el subsecretario de Servicios Financieros y los secretarios de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria.
El Gobierno también publicó ayer la resolución 37.163 de la Superintendencia, que modifica aspectos de la política de inversiones y agrega el inciso k, que describe algunos de los instrumentos para financiar proyectos productivos o de infraestructura. La resolución agrega que serán "elegibles" todas las inversiones que haga el fondo de garantía previsional, en manos de la Anses. Actualmente, todo lo que está bajo el ítem de inversiones productivas en esa caja es financiamiento de obra pública.
La regulación establece que al 31 de marzo de 2013 todas las aseguradoras deberán tener un mínimo de 5% de sus activos en ese tipo de inversión. Y al 30 de junio (cierre de balances) deberá cumplirse con lo establecido para cada ramo.
La norma al llevar recursos al sector productivo terminará generando un mayor mercado. "Hay que trabajar en medidas como beneficios fiscales para el seguro de vida o retiro y en mayores controles de los seguros obligatorios; eso es lo que permitiría el crecimiento", consideró sin embargo Javier Carballo, director del broker AON.
Por su parte, "los activos son una reserva que garantiza el pago de compromisos; ahora se desnaturaliza", afirmó el abogado Juan Pablo Chevallier Boutell, del estudio Béccar Varela y ex superintendente de Seguros. "Se privilegia algo que es necesario, pero que no tiene que ver con la finalidad del seguro", agregó, tras advertir que darles a funcionarios la posibilidad de dirigir los fondos es peligroso, sobre todo en momentos de necesidades fiscales.
El economista Orlando Ferreres declaró en Radio 10 y recogido por ‘Infobae’ que la iniciativa hace que sea difícil para una empresa invertir en un bono" y caracterizó que el incremento de las regulaciones "no funciona en el mundo". En la opinión de Ferreres, el gobierno nacional apunta con el proyecto a la "inversión directa de muchas fuentes del mercado de capitales, como las compañías de seguros". De esta manera, el proyecto "hace que sea difícil para una empresa invertir en un bono o algo semejante porque la mayor parte del ahorro (empresario) se está destinando a fines específicos", como decisiones de inversión directa entre las que se cuenta la construcción. "Hay cada vez más regulación (estatal) y menos decisión (privada). En los lugares donde hay mercados grandes, las empresas pueden colocar sus acciones para hacer una empresa o financiar un proyecto", señaló.
Este Comité de Elegibilidad está relacionada con las nuevas normas que anunció ayer la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y por el que las aseguradoras deberán destinar un mínimo de 5% (las de riesgos del trabajo), 10% (las de coberturas patrimoniales) y 12% (las de vida y retiro) a obras públicas o a economías regionales y pymes. La resolución del Ministerio de Economía, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece cómo se integra el Comité de Elegibilidad de las Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguros, que definirá qué instrumentos financieros serán aceptados para que se considere cumplida la obligación.
Según publicó ayer "La Nación", si bien no hubo muchas expresiones directas desde el sector sobre la medida, sí hay quienes la cuestionan porque se desvía del objetivo principal de las reservas, que es ser garantía de pago y también obtener, en casos como el seguro de retiro o de vida con ahorro, la mayor rentabilidad posible. Del Comité también formarán parte el superintendente de Seguros, el subsecretario de Servicios Financieros y los secretarios de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria.
El Gobierno también publicó ayer la resolución 37.163 de la Superintendencia, que modifica aspectos de la política de inversiones y agrega el inciso k, que describe algunos de los instrumentos para financiar proyectos productivos o de infraestructura. La resolución agrega que serán "elegibles" todas las inversiones que haga el fondo de garantía previsional, en manos de la Anses. Actualmente, todo lo que está bajo el ítem de inversiones productivas en esa caja es financiamiento de obra pública.
La regulación establece que al 31 de marzo de 2013 todas las aseguradoras deberán tener un mínimo de 5% de sus activos en ese tipo de inversión. Y al 30 de junio (cierre de balances) deberá cumplirse con lo establecido para cada ramo.
La norma al llevar recursos al sector productivo terminará generando un mayor mercado. "Hay que trabajar en medidas como beneficios fiscales para el seguro de vida o retiro y en mayores controles de los seguros obligatorios; eso es lo que permitiría el crecimiento", consideró sin embargo Javier Carballo, director del broker AON.
Por su parte, "los activos son una reserva que garantiza el pago de compromisos; ahora se desnaturaliza", afirmó el abogado Juan Pablo Chevallier Boutell, del estudio Béccar Varela y ex superintendente de Seguros. "Se privilegia algo que es necesario, pero que no tiene que ver con la finalidad del seguro", agregó, tras advertir que darles a funcionarios la posibilidad de dirigir los fondos es peligroso, sobre todo en momentos de necesidades fiscales.
El economista Orlando Ferreres declaró en Radio 10 y recogido por ‘Infobae’ que la iniciativa hace que sea difícil para una empresa invertir en un bono" y caracterizó que el incremento de las regulaciones "no funciona en el mundo". En la opinión de Ferreres, el gobierno nacional apunta con el proyecto a la "inversión directa de muchas fuentes del mercado de capitales, como las compañías de seguros". De esta manera, el proyecto "hace que sea difícil para una empresa invertir en un bono o algo semejante porque la mayor parte del ahorro (empresario) se está destinando a fines específicos", como decisiones de inversión directa entre las que se cuenta la construcción. "Hay cada vez más regulación (estatal) y menos decisión (privada). En los lugares donde hay mercados grandes, las empresas pueden colocar sus acciones para hacer una empresa o financiar un proyecto", señaló.
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